Pese a resolución judicial que ordena cierre de Aragón, FGR, transgrede la ley y ordena a alcaldía depositar basura en el lugar para proteger a alcalde Muyshondt
El miércoles 28 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una advertencia contra empleados municipales que protestaban frente a la Planta de Transferencia Aragón, pese a que tiene una orden judicial de cierre por contaminación al medio ambiente por ser considerada un basurero a cielo abierto por Juzgado Ambiental.
El Sindicato de Trabajadores Municipales (ASTRAM), tras la realización de una negociación en favor de los capitalinos, aceptaron una negociación con el edil capitalino, Ernesto Muyshondt y accedieron a levantar las protestas desde las 12 mm del miércoles. Sin embargo la Fiscalía, que hasta este momento ha mostrado protección hacia el jefe edilicio, volvió a mostrar su apoyo al mismo, sin importarle la lucha laboral contra los atropellos al sector.
Por su parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, lamentó que la FGR, haya permitido a la alcaldía de San Salvador, la basura en una zona prohibida, transgrediendo la orden judicial.
Castro detalló que tanto el Juzgado Ambiental como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), han emitido sendas resoluciones donde se ordena el cierre del botadero a cielo abierto sobre la carretera a Comalapa.
No obstante, la FGR ha amenazado con procesar a las personas que obstaculicen a los camiones recolectores de basura de la alcaldía de San Salvador arrojar los desperdicios en la zona.
“Esto es para la historia de El Salvador. Hay resolución del Juzgado Ambiental, hay resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ambos de CIERRE y la honorable FGR ordena depositar basura en lugar prohibido, solo para proteger a un delincuente (INÉDITO). No disimulan”, expresó el ministro Castro por medio de una publicación de Twitter.
El pasado 27 de mayo, el ministro Castro acudió a la FGR para denunciar penalmente a Muyshondt por la retención de cuotas laborales a 5,500 trabajadores; sin embargo, las autoridades fiscales se han negado a actuar contra el alcalde capitalino. De igual forma, Muyshondt ha sido acusado de tener participación en el hecho contra el dirigente sindical Weder Arturo Meléndez Ramírez, de 40 años; y de administrar un “trol center” pagado con fondos de la comuna.
De acuerdo con Castro, de esta manera el fiscal Melara demuestra que, tal como dijo el presidente Nayib Bukele, para el fiscal “hay ciudadanos de primera y de segunda clase”, pues contra el alcalde Muyshondt no ha procedido a pesar de tener un aviso penal desde hace meses.
ASTRAM se pronunció al respecto y lamentó que la Fiscalía defienda los intereses del jefe edilicio que ha atropellado los derechos de cientos de trabajadores.
El Sindicato de Trabajadores Municipales (ASTRAM), tras la realización de una negociación en favor de los capitalinos, aceptaron una negociación con el edil capitalino, Ernesto Muyshondt y accedieron a levantar las protestas desde las 12 mm del miércoles. Sin embargo la Fiscalía, que hasta este momento ha mostrado protección hacia el jefe edilicio, volvió a mostrar su apoyo al mismo, sin importarle la lucha laboral contra los atropellos al sector.
Por su parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, lamentó que la FGR, haya permitido a la alcaldía de San Salvador, la basura en una zona prohibida, transgrediendo la orden judicial.
Castro detalló que tanto el Juzgado Ambiental como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), han emitido sendas resoluciones donde se ordena el cierre del botadero a cielo abierto sobre la carretera a Comalapa.
No obstante, la FGR ha amenazado con procesar a las personas que obstaculicen a los camiones recolectores de basura de la alcaldía de San Salvador arrojar los desperdicios en la zona.
“Esto es para la historia de El Salvador. Hay resolución del Juzgado Ambiental, hay resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ambos de CIERRE y la honorable FGR ordena depositar basura en lugar prohibido, solo para proteger a un delincuente (INÉDITO). No disimulan”, expresó el ministro Castro por medio de una publicación de Twitter.
El pasado 27 de mayo, el ministro Castro acudió a la FGR para denunciar penalmente a Muyshondt por la retención de cuotas laborales a 5,500 trabajadores; sin embargo, las autoridades fiscales se han negado a actuar contra el alcalde capitalino. De igual forma, Muyshondt ha sido acusado de tener participación en el hecho contra el dirigente sindical Weder Arturo Meléndez Ramírez, de 40 años; y de administrar un “trol center” pagado con fondos de la comuna.
De acuerdo con Castro, de esta manera el fiscal Melara demuestra que, tal como dijo el presidente Nayib Bukele, para el fiscal “hay ciudadanos de primera y de segunda clase”, pues contra el alcalde Muyshondt no ha procedido a pesar de tener un aviso penal desde hace meses.
ASTRAM se pronunció al respecto y lamentó que la Fiscalía defienda los intereses del jefe edilicio que ha atropellado los derechos de cientos de trabajadores.