Alcalde Roberto d’Aubuisson enfrentará orden de captura si FGR hace cumplir orden judicial
Si el Estado de Derecho lo hiciera valer la Fiscalía General de la República (FGR), el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson, estuviera capturado por desobedecer una orden inapelable de la justicia, donde se mandataba el reinstalo de empleados municipales, tras sus destituciones para privatizar el servicio de saneamiento de la ciudad y la recolección de basura.
El ministro de Trabajo, que tutela el derecho laboral, lamentó que se esté sembrando un precedente nefasto y que ahora la situación está en manos de la FGR para que se haga cumplir la ley y se proceda con todo el peso de la ley contra el jefe edilicio que por tercera ocasión desobedece a un juzgado.
“El incumplirla entra en una situación jurídica difícil y se pondrá a prueba la FGR., Tiene que proceder penalmente el fiscal en este caso y tiene que procesarlo. Incluso d’Aubuisson está en flagrancia y al estar en esa situación y puede proceder el fiscal a su captura inmediata”, señaló el titular de Trabajo.
No obstante el fiscal General, Raúl Melara, ha sido muy blando en este caso. Recientemente se conoció que es el hermano del concejal José Fidel Melara Moran, de la alcaldía tecleña, mano derecha del jefe edilicio y por esta razón, señalan las fuentes, que no ha procedido con el peso que la ley le confiere en este caso.
Para Castro este martes “se sentó un precedente histórico nefasto y una violación al Estado de Derecho de El Salvador porque un tribunal competente ordenó el reinstalo de los empleados a d’Aubuisson. Es un tribunal competente el que ordena con una sentencia inapelable de reinstalar a los empleados municipales. La resolución es indefinida y el alcalde la desobedeció”, señaló Castro.
Los empleados municipales se presentaron a la alcaldía a realizar sus labores pero las puertas se les cerraron por orden del jefe edilicio. Por esta razón el equipo de defensa de los trabajadores solicitará al juzgado certifique el desacato para que la Fiscalía proceda en este caso.
“Este día el equipo de defensa de los trabajadores le está pidiendo al Tribunal competente que FGR certifique el desacato para que el Ministerio Público actúe con lo correspondiente, en este caso”, señaló Castro.
Añadió que el Ministerio Público tendrá que proceder con base al Estado de Derecho porque hay un desacato judicial “y ya no es una opción si lo toma o lo deja, el haberlo incumplido siembra un precedente nefasto. Ya no hay una instancia jurídica arriba de esta sentencia judicial. Se pondrá a prueba la FGR en este caso de desacato judicial”, puntualizó el titular luego de una entrevista televisiva.