Juez desestima el recurso de Trump para impugnar incautación de documentos en su mansión de Florida

La revisión por parte de un perito independiente de las pruebas incautadas en Mar-a-Lago, residencial del expresidente Donald Trump, no continuará.

Este lunes, la jueza Aileen Cannon desestimó formalmente el caso, con el que Trump buscó impugnar la incautación de evidencia en Mar-a-Lago y en el que ella nombró al perito independiente Raymond Dearie, otro juez, para que hiciera recomendaciones sobre si los fiscales podían acceder a las pruebas.

La decisión de desestimar el caso le da ahora al Departamento de Justicia pleno acceso a miles de registros y otros objetos hallados entre documentos marcados como clasificados en el club de playa y el despacho privado de Trump.

La medida de Cannon ocurre después de que una corte de apelaciones superior determinara que la jueza no tenía autoridad para involucrarse en la investigación penal del Departamento de Justicia antes de que se presenten cargos. La corte le dijo a Cannon que el caso debía desestimarse y que no habrá más procedimientos ante ella en el Distrito Sur de Florida.

La nueva orden concluye lo que había sido un extraño punto positivo para Trump en sus intentos por obstaculizar las crecientes investigaciones sobre su conducta.

Cannon ––a quien Trump nombró para formar parte del tribunal federal de Ft. Pierce, Florida, que está en el mismo distrito judicial que Mar-a-Lago––, desató críticas de todo el espectro ideológico por la manera en que gestionó el litigio interpuesto por Trump días después del allanamiento del FBI a su residencia privada.

Esa crítica culminó en una mordaz opinión del panel del tribunal de apelación, lleno de nombramientos del Partido Republicano, que destrozó la justificación de Trump y Cannon de por qué era necesario un perito independiente.

Para la revisión, Cannon encargó a Dearie, un juez de Brooklyn, que resolviera las disputas entre Trump y el Departamento de Justicia sobre si ciertos documentos obtenidos en el registro debían ocultarse a los investigadores federales.

Aunque a Dearie se le encomendó la tarea de hacer recomendaciones sobre esas cuestiones, Cannon iba a ser el árbitro final de esas disputas hasta que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. dictaminó que el nombramiento de un perito independiente no estaba justificado.

Como Cannon impidió que los investigadores del Departamento de Justicia utilizaran los documentos incautados en su investigación penal mientras se desarrollaba el proceso del perito especial, la revisión podía retrasar el proceso del Departamento de Justicia. El departamento evalúa si se violaron tres estatutos penales en la forma en que los documentos sensibles del gobierno de la Casa Blanca de Trump fueron llevados y almacenados en Mar-a-Lago.

Anteriormente en el litigio, el Departamento de Justicia obtuvo del 11º Circuito una excepción que permitía a los funcionarios utilizar en su investigación los documentos marcados como clasificados que fueron incautados en el registro.

Y hubo otros indicios de que la investigación ha avanzado incluso mientras grandes partes de la misma estaban en suspenso. El jurado investigador federal que supervisa la investigación escuchó en las últimas semanas testimonios de asesores de Trump.

La investigación ahora está en manos del fiscal especial Jack Smith, quien ha subrayado su deseo de no dejar que se ralentice.

Aún así, los fiscales advirtieron que la revisión obstaculizaba su capacidad para interrogar a los testigos sobre cómo se manejaron ciertos documentos y se mezclaron con los efectos personales de Trump en su casa.

Trump había argumentado que algunos de los documentos que obtuvo el FBI estaban amparados por el privilegio abogado-cliente, el privilegio ejecutivo o eran de carácter personal, lo que los situaba fuera de los límites de la investigación penal.

Aunque la orden del perito independiente tuvo el efecto de obstaculizar aspectos de la investigación del departamento, también dio lugar a una visión sin precedentes de la investigación de los documentos, incluso para el equipo legal de Trump, ya que el Departamento de Justicia argumentó ante el tribunal que la revisión por terceros no era necesaria.

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